La aprobación de este proyecto de ley se produce en un momento clave para la gobernanza de la inteligencia artificial en Europa. Desde la entrada en vigor del AI Act, la Unión Europea ha apostado por un enfoque regulatorio basado en el riesgo, estableciendo obligaciones diferenciadas según el potencial impacto de los sistemas de IA sobre las personas y la sociedad. Este modelo busca equilibrar la promoción de la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y la transparencia.  

España ya había mostrado un papel activo en este ámbito mediante iniciativas pioneras como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y el desarrollo de entornos de pruebas regulatorios o sandboxes para facilitar la adaptación de empresas y organismos públicos a la normativa europea. La nueva ley se enmarca dentro de esta estrategia de liderazgo regulatorio y de impulso a una IA ética y centrada en las personas.  

Además, la propuesta responde a una creciente preocupación social por fenómenos como los deepfakes, la manipulación algorítmica o el uso de sistemas automatizados en ámbitos sensibles como la educación, la justicia o los servicios públicos.

El proyecto introduce un conjunto de medidas destinadas a garantizar que los sistemas de IA operen bajo control humano y dentro de parámetros de confianza y responsabilidad. Entre los elementos más destacados se encuentra la obligación de supervisión humana en aquellos sistemas que puedan afectar a derechos fundamentales, así como la exigencia de transparencia algorítmica y trazabilidad de los procesos automatizados.

La norma establece también un marco de gobernanza nacional para coordinar las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento del Reglamento Europeo de IA. Asimismo, incorpora un régimen sancionador que contempla multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio global para las infracciones más graves.

Entre las novedades más relevantes figura la prohibición de determinados usos considerados de riesgo inaceptable, incluyendo los deepfakes sexuales y otras aplicaciones que puedan explotar vulnerabilidades de menores o colectivos especialmente sensibles. También se refuerzan las obligaciones de etiquetado e identificación de contenidos generados mediante inteligencia artificial para evitar la desinformación y la confusión entre contenidos reales y sintéticos.

En el ámbito de la administración pública, el proyecto incorpora la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, una medida orientada a reforzar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

La aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial representa un paso decisivo en la consolidación del modelo español de regulación de la IA. Al combinar supervisión humana, transparencia y promoción de la innovación, la iniciativa busca garantizar que el desarrollo tecnológico avance de forma compatible con los derechos fundamentales y el interés público. Su futura tramitación parlamentaria será seguida con atención por universidades, investigadores y organizaciones que trabajan en la construcción de una inteligencia artificial confiable y responsable.

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. (26 de mayo de 2026). El Gobierno aprueba el proyecto de ley que garantizará una supervisión humana y un uso confiable de la IA. Gobierno de España. https://digital.gob.es/comunicacion/notas-prensa/mtdfp/2026/05/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-que-garantizara-una-supervision-humana-y-un-uso-confiable-de-la-ia 

EFE. (26 de mayo de 2026). El Gobierno regula la IA: multas millonarias, veto a los deepfakes y sistemas prohibidos. EFE. https://efe.com/espana/2026-05-26/consejo-ministros-ley-ia/

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